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Ley anticorrupción en Guatemala


Por: Randy Saborit Mora

Publicado el: 09 Noviembre 2012

Lugar: Guatemala, Guatemala

Tras 10 años de permanecer en el Congreso guatemalteco, salió del congelador la ley contra la corrupción, la cual contempla sancionar a funcionarios y empleados públicos implicados en ese delito definido por la vicepresidenta Roxana Baldetti como un monstruo de mil cabezas.

La ley contra el enriquecimiento ilícito, desde su aprobación en el Legislativo el pasado 30 de octubre, ha recibido el aplauso de varios analistas, quienes critican a su vez el hecho de que pasa por alto especificar a dónde irá el dinero confiscado a los presuntos corruptos.

"Aunque la normativa es fuerte, en los casos de enriquecimiento y defraudación, los fondos no se regresarán a las arcas del Estado", comentó al respecto la especialista Cynthia Fernández, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, citada por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

En consonancia con esta opinión, el investigador Marvin Flores, de Acción Ciudadana, califica a la legislación como drástica y la ve con buenos ojos, pero observa un vacío legal en cuanto a la devolución de los activos defraudados al ente estatal.

Mientras, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expresó estar satisfecho con la ratificación de esa legislación.

La lucha contra la corrupción debe ser integral y sistémica, lo cual debe estar asentado en la construcción de instituciones públicas sólidas y democráticas, comentó a la AGN el presidente del Cacif, Andrés Castillo.

Por su parte, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y varios analistas locales manifestaron su respaldo a ese código.

"Ese instrumento ayudará a combatir un fenómeno criminal y social complejo que causa la ineficiencia e inoperancia del aparato estatal, afectando, asimismo, su patrimonio", manifestó la Cicig en un comunicado.

Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, expresó al diario local Siglo 21 que ahora el Ministerio Público debería trabajar en una política de persecución penal de los delitos que fueron tipificados para lograr resultados eficaces.

"También es importante el castigo por el uso de parientes, amigos o gente cercana, por usarlos como pantallas, algo que se utiliza constantemente para tener acceso a fondos del erario público", señaló Ana María de Klein, del Movimiento Pro Justicia al mencionado periódico.

El documento legal prevé castigos penales para quienes cometan corrupción en las oficinas públicas mediante el cobro de comisiones, tráfico de influencias, nombramientos ilegales y el cohecho pasivo y activo.

Según el texto, incurre en peculado por sustracción el funcionario o empleado público que evada o consintiere que otro hurte dinero, efectos o bienes bajo su custodia. Por esa trasgresión está contemplado que el acusado cumpla de cinco a 10 años de cárcel y pague una multa de 10 mil a 40 mil quetzales (mil 264 a cinco mil 57 dólares).

Una condena de dos a seis años de prisión y una multa de 20 mil a 50 mil quetzales (dos mil 528 a seis mil 321 dólares) cargará quien emplee caudales o bienes en un uso diferente al destinado, señala la normativa.

Culpable de enriquecimiento ilícito, precisa, es quien obtenga para sí mismo o cualquier individuo un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos o cancelación de deudas u obligaciones, derivado del ejercicio del cargo o de algún ingreso imposible de justificar.

En ese caso la multa será de 50 mil a 500 mil quetzales (seis mil 321 a 63 mil 211 dólares) y el castigo tras las rejas abarcará de cinco a 10 años.

Mientras tanto, la vicepresidenta guatemalteca, Roxana Baldetti, ha admitido que son incontables los niveles de corrupción en el Estado, situación que compara con un monstruo de mil cabezas, dijo en entrevista publicada por el diario local Prensa Libre el pasado 23 de septiembre.

"Me ha sorprendido que los niveles de corrupción en el país son incontables. De alguna manera es una frustración para mí. Me he pasado ocho meses entendiendo que tengo que seguir (la lucha)", confesó Baldetti.

Tuve ocho años de estar persiguiendo corruptos, acotó, de ser la mayor fiscalizadora del Gobierno, pero me quedé corta: realmente lo que hay aquí dentro en el Estado es un monstruo de mil cabezas, aseveró la alta funcionaria con más de ocho meses en el cargo.

A su juicio, "es toda una estructura que no deja huella y está muy bien armada. No es en los ministerios, sino abajo, y cuesta mucho perseguirlos".

Interrogada sobre si la corrupción estatal ronda los 15 mil millones de quetzales (mil 900 millones de dólares), como había sostenido antes, aseguró que es más y conoce de funcionarios que ya piden entre el 20 y 30 por ciento por una obra o cobran por una factura.

Descartó que ese fenómeno ocurriera solo en la capital, entretanto indicó que es en los 22 departamentos de esta nación centroamericana y hasta en el lugar más pequeño.

"Yo le apostaba más a la descentralización, pero esta pasa por miles de gradas", lamentó al respecto.

Del congelador ya salió la denominada ley contra la corrupción,  ahora queda esperar resultados en la vida práctica en un país donde ese flagelo pervive hasta en el lugar más pequeño del territorio nacional, como reconoció la propia vicepresidenta Baldetti.

La voz popular asevera que un grave dilema de los gobiernos de paso durante cuatro años es que aprueban altos presupuestos, los cuales distan de traducirse en mejoría para Guatemala, donde el 80 por ciento de sus habitantes subsiste en condiciones de inseguridad alimentaria, según cifras oficiales.